Nuevo derrame de Repsol en la Amazonia ecuatoriana

La Amazonía ecuatoriana vuelve a teñirse de negro por los más de 14.000 barriles de petróleo derramado del Oleoducto de Crudos Pesados, según ha denunciado Ecologistas en Acción.

Para la ONG "la incompetencia de la compañía es de semejante magnitud a los impactos del derrame, pues enterada del accidente, no cerró a tiempo las válvulas del oleoducto".

Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador, el derrame de más de 14.000 barriles de petróleo del Oleoducto de Crudos Pesados, producido el 27 de febrero, afectó gravemente la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y a las poblaciones de San Carlos y San Luis, cercanas al río Quijos, se observaron parches de crudo 72 horas posteriores al derrame y no existieron acciones correctivas por parte de la OCP.

Ecologistas en Acción recuerda los pronunciamientos y advertencias, hace apenas media década, de organizaciones de todo el mundo que criticaban la seguridad de este tubo, en plena construcción del OCP, conocido ya entonces como Oleoducto de Contaminación y Pobreza.

"Había millones de barriles enterrados en la selva que empresas como Petrobras, Repsol-YPF o Perenco necesitaban comercializar para engrosar sus voraces bolsillos. Había también muchos bancos, como el BBVA, el City Group o el West LB que se beneficiarían con unos intereses para engrosar sus también voraces cajas fuertes", afirman. La organización, añade, que se militarizó la construcción del oleoducto y se encarcelaron a jóvenes ecuatorianos que se movilizaron en su contra.

Ahora, poblaciones como Coca, de 30.000 habitantes, se han quedado sin suministro de agua ante este nuevo derrame, al igual que las comunidades indígenas, ya que en los afluentes del río Napo, toneladas de crudo impregnan la vegetación y a cualquier animal que se acerque.

Ante esta situación, la campaña 'Afectad@s por Repsol-YPF', que ya había denunciado este oleducto, exige una auditoría ambiental que permta evaluar de verdad los impactos presentes y futuros del derrame, un juicio penal a los directivos de las empresas que forman el consorcio OCP, por crimen ambiental y delitos a la salud pública, la paralización indefinida del flujo de crudo a través del OCP hasta que la justicia no haya juzgado y condenado a los culpables y la expulsión de la compañía Repsol YPF del país.

Puedes ver un vídeo sobre el derrame aquí.