AI pide observadores internacionales en los juicios de Irán

Cuando más de un centenar de personas están siendo juzgadas ante el Tribunal Revolucionario de Teherán por promover protestas contra el controvertido resultado oficial de las elecciones presidenciales del 12 de junio, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha desafiado a las autoridades iraníes a abrir las puertas del tribunal a observadores internacionales.

“El juicio actualmente en curso en Teherán no parece que sea más que un ‘juicio espectáculo’ a través del cual el Líder Supremo y quienes lo rodean pretenden deslegitimar las recientes protestas masivas y en gran medida pacíficas, y convencer a un escéptico mundo de que Mahmoud Ahmadineyad fue reelegido justamente para cumplir su segundo mandato como presidente –aseguró Irene Khan–. Por tanto, es fundamental que haya una presencia internacional que observe las actuaciones judiciales y vele por los derechos de los acusados, por lo que pido a las autoridades iraníes que así lo autoricen.”

Una grabación de las actuaciones judiciales emitida en la televisión estatal de Irán, en la que algunos acusados aparecen “confesando” o pidiendo disculpas ante el tribunal, ha acrecentado los temores de que muchos de ellos hayan sufrido tortura o malos tratos bajo custodia y hayan hecho esas declaraciones sometidos a coacción extrema. Algunos, según sus familiares, han perdido peso visiblemente durante las semanas que han estado en reclusión preventiva, en las que no han tenido acceso a abogados ni familiares.

Más aún, Mehdi Karroubi, uno de los tres candidatos rivales a la presidencia presuntamente derrotados por Ahmadineyad, ha revelado pruebas convincentes de tortura y, según informes, ha denunciado que funcionarios de seguridad han torturado a detenidos y detenidas, recurriendo incluso a la violación.

Muchas denuncias de tortura se refieren al centro de detención de Kahrizak, a las afueras de Teherán, a donde se piensa que han llevado a muchas de las personas detenidas en relación con las manifestaciones.

El 29 de julio, el Líder Supremo, ayatolá Alí Jamenei, ordenó el cierre de Kahrizak, reconociendo que allí se habían cometido abusos contra detenidos. Las autoridades afirman que se ha encarcelado al director de la prisión y a tres guardias como consecuencia de las denuncias.

Según informes llegados al conocimiento de Amnistía Internacional poco antes de que se cerrara la prisión, ésta era un lugar de enorme crueldad y sufrimiento donde los detenidos soportaban condiciones de hacinamiento extremo y falta de higiene y eran sometidos a frecuentes abusos.

“Cada día que pasa surge nueva información que indica que la violencia ejercida en las calles por los Basij y otras “fuerzas de seguridad” contra los manifestantes se ha reproducido en los abusos manifiestos cometidos contra las personas detenidas, incluidas algunas de las que ahora están siendo juzgadas en Teherán, mientras estuvieron recluidas en régimen de incomunicación en el centro de detención de Kahrizak, tristemente célebre, y en otros –afirmó Irene Khan–. El Líder Supremo y quienes lo rodean deben abordar este asunto y garantizar que todos los responsables responden de sus actos, no sólo unos cuantos funcionarios.”

Amnistía Internacional escribió el 6 de agosto al presidente de la Magistratura de Irán, Mahmoud Hashemi Shahroudi, para pedirle que autorice el envío de un observador de la organización al juicio ante el Tribunal Revolucionario de Teherán, pero no ha obtenido respuesta. Las autoridades de Teherán no han permitido a Amnistía Internacional visitar el país para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas desde antes de la revolución iraní, hace 30 años.

La ONU se suma a las exigencias internacionales

Por su parte, la ONU manifestó también su inquietud por posibles confesiones forzadas. Tres expertos independientes de la ONU expresaron profunda preocupación por las denuncias de torturas e interrogatorios brutales para obtener confesiones de manifestantes detenidos en Irán.

Las confesiones se están usando en los juicios que celebra la Corte Revolucionaria a abogados, periodistas y otros defensores de derechos humanos y miembros de la oposición, que tomaron las calles para protestar por las elecciones del pasado 12 de junio.

Los expertos subrayaron en un comunicado que ningún sistema judicial puede considerar válidos los testimonios obtenidos de esa manera.

Los medios de comunicación extranjeros no han sido autorizados a cubrir los juicios y se desconoce si los acusados tienen asesoría legal adecuada.

Muchos de los detenidos permanecen incomunicados, sin que se les hayan levantado cargos, y sin visitas familiares ni acceso a abogados o a tratamiento médico. A esto se suman los reportes sobre personas que han muerto cuando se encontraban bajo detención y las familias reciben información contradictoria sobre las causas de esas muertes.

El comunicado fue firmado por el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, y los relatores sobre tortura y sobre la situación de los defensores de derechos humanos.