Según se desprende de un reciente informe de la ONU, decenas de Estados realizan esta práctica, ilegal a todas luces, y que promueve a su vez aberraciones como la tortura y la ejecución extrajudicial.
HRW documentó la existencia de centros de detención ubicados clandestinamente por funcionarios en hoteles y psiquiátricos, donde los ciudadanos son torturados e incomunicados