En el estado mexicano de Guanajuato, una ONG ha documentado varios casos de mujeres que, tras sufrir un aborto espontáneo, han sido encarceladas. Peor aún: algunas de ellas fueron denunciadas por las propias autoridades del sistema público de sanidad, a donde ellas acudieron para atenderse.
En varios estados de la Unión Americana, los servicios de inmigración condenan indiscriminadamente incluso a ciudadanos legalmente residentes. Un informe publicado recientemente documenta casos de enfermos que antes de ser deportados pasan hasta 10 años recluidos en prisiones donde ‘nadie sabe qué hacer con ellos’
La medida detiene –al menos de momento- la entrada en vigor de la ley SB1070, programada para el 29 de julio. La polémica legislación, que considera la inmigración ilegal como un delito, será puesta a prueba por el gobierno estadounidense, que considera el tema de competencia federal y no estatal.
Estados Unidos ratificó en 1994 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. El gobierno de Obama tendría facultades para revocar una ley a todas luces discriminatoria, afirma el organismo de Derechos Humanos.
El país asiático comenzó una agresiva campaña de planificación familiar que contempla la esterilización de casi 10,000 personas. Según datos de Amnistía Internacional, el plan chino incluso niega el registro legal a los niños que nacen fuera de la cuota permitida por pareja.
Se espera que durante este fin de semana culmine un intercambio humanitario de retenidos, y las organizaciones sociales exigen que el gobierno garantice la seguridad de la operación
Sólo 7 de los 27 países de la Unión Europea cumplieron con la norma que prohíbe usar y vender aparatos como esposas que dan choques eléctricos, cinturones paralizantes, esposas para pulgares y otros instrumentos que son utilizados para infligir sufrimiento y malos tratos.
Según se desprende de un reciente informe de la ONU, decenas de Estados realizan esta práctica, ilegal a todas luces, y que promueve a su vez aberraciones como la tortura y la ejecución extrajudicial.
De acuerdo a un informe interno, más de 4,000 ciudadanos han enfrentado persecuciones, ejecuciones, atentados, amenazas, y detenciones ilegales por parte del gobierno de facto.
Human Rights Watch pide que los altos cargos también sean juzgados. El organismo tiene documentados 350 casos de abuso que involucran a más de 600 oficiales de bajo rango.
En el aniversario del desastre la ONG publica un informe en el que documenta casos de intimidación y detenciones ilegales sobre los supervivientes