Después del estallido de un coche bomba en Radio Caracol, Reporteros sin Fronteras pide prudencia al nuevo presidente colombiano Juan Manuel Santos, antes de tomar acciones que desaten más violencia contra los periodistas y la ciudadanía
Se espera que durante este fin de semana culmine un intercambio humanitario de retenidos, y las organizaciones sociales exigen que el gobierno garantice la seguridad de la operación
La Coalición Española contra la utilización de menores en conflictos armados, quiere que la UE exija al país sudamericano tomar acciones contundentes para liberar a entre 8 y 11 mil niños que han caído en las filas de grupos ilegales o que son usados por el propio ejército colombiano
El mandatario Colombiano quiere pagar 50 dólares a quien revele información sobre grupos armados. Organizaciones sociales afirman que esto sólo empeorará la situación actual del conflicto, donde entre 11,000 y 14,000 niños y jóvenes son convertidos en soldados.
Las autoridades han dicho que investigarán el caso después de marzo, una vez pasadas las elecciones presidenciales. El ejército afirma que se trata de ‘guerrilleros muertos en combate’, aunque los habitantes de La Macarena dicen que son líderes sociales y campesinos.
Se estima que en el país latinoamericano entre 8,000 y 11,000 niños y niñas han sido reclutados por los diferentes grupos armados. Cientos de familias huyen o niegan la educación a sus hijos para evitar que sean convertidos en niños soldado.
Diversos sectores aportaron 1.5 millones de dólares, para incentivar económicamente a las empresas que den empleo a ex combatientes. Por ahora se aplicará en 15 ciudades colombianas
Una familia de la etnia Awá –entre ellos 3 niños- fueron acribillados en su casa. Este año, 62 indígenas ya han sido asesinados en medio del conflicto interno, un 72% más que en 2008.
La hacienda Nápoles, el mayor orgullo del capo colombiano, se convirtió en fuente de trabajo para ex guerrilleros que buscan reintegrarse a la sociedad.
Niños y niñas de las etnias son forzados o engañados para unirse al conflicto, lo que obliga a pueblos enteros a abandonar sus viviendas.
La senadora fue autorizada ayer por el presidente Uribe para facilitar los acuerdos entre las partes en conflicto