En el estado mexicano de Guanajuato, una ONG ha documentado varios casos de mujeres que, tras sufrir un aborto espontáneo, han sido encarceladas. Peor aún: algunas de ellas fueron denunciadas por las propias autoridades del sistema público de sanidad, a donde ellas acudieron para atenderse.
Según la organización, unas 900 personas enfrentan la pena capital, y podrían morir antes de las elecciones de 2010. Este año, 120 personas ya fueron ejecutadas a pesar de los dudosos juicios
Basado en las graves conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo pide sanciones concretas para evitar que continúen los abusos.