Funcionarios europeos visitaron la comunidad oaxaqueña de San Juan Copala, en el sureste mexicano, donde una caravana de la paz fue emboscada en abril pasado. La muerte de dos activistas (una mexicana y un finlandés) sigue impune, mientras que el pueblo se mantiene sometido al miedo, a las amenazas constantes y sigue sin acceso a los servicios básicos.
En Oaxaca, al sureste del país, un comando paramilitar baleó varios vehículos donde viajaban defensores de derechos humanos, profesores y periodistas. En la agresión dos observadores perdieron la vida, otros integrantes quedaron heridos, y varios activistas y comunicadores siguen desaparecidos.