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Organizaciones logran frenar el tráfico ilegal de armas Heckler & Koch a México

Heckler & Koch fue multada con 4,2 millones de dólares por un tribunal alemán

Funcionarios públicos en México y Alemania aún no son investigados por los tribunales

Activistas piden crear un fondo para indemnizar a víctimas con multa cobrada a empresa

CdP.- La gigante armamentística Heckler & Koch exportó –ilegalmente- casi 4.700 rifles de asalto tipo G-36 a México entre 2006 y 2009. Algunas de estas armas fueron utilizadas por quienes atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Un ataque que, entre otros daños, resultó en la muerte de seis personas y la desaparición de 43 jóvenes, un hecho que sacudió al país en protestas multitudinarias.

No fue sino hasta una década después -el 21 de febrero de 2019- que el tribunal regional de Stuttgart ubicado en el estado de Baden-Württemberg, Alemania, reconoció los hechos y declaró culpable a Heckler & Koch por tráfico ilegal de armas a cuatro estados mexicanos: Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.

Un hecho sin precedentes en la historia de la empresa cuyas ventas anuales superan los 220 millones de dólares, y un triunfo para la paz que fue posible gracias a la demanda interpuesta por el abogado Holger Rothbauer y el activista contra las armas Jürgen Grässlin en 2010; cuyo juicio se inició finalmente el 15 de mayo de 2018, tras casi una década de investigaciones.

El activista Jürgen Grässlin lideró la demanda por tráfico ilegal de armas contra Heckler & Koch | Twitter

El tribunal multó a Heckler & Koch con 4,2 millones de dólares, el equivalente a la ganancia bruta que obtuvo por la venta ilegal de las armas, sin embargo, debido a su condición de empresa, no asumió ninguna responsabilidad penal pues solo pudo ser representada en el proceso como un tercer beneficiario de los delitos de sus trabajadores.

La justicia recayó sobre dos de los cinco extrabajadores investigados. El jefe de ventas I. Sahlmann, quien fue sentenciado a 22 meses de libertad condicional y una multa de 80.000 euros, así como la empleada administrativa M. Beuter, sentenciada a 17 meses de libertad condicional y 250 horas de trabajo comunitario.

El resto de los acusados fue absuelto por falta de pruebas suficientes, entre ellos dos directores ejecutivos de la empresa P. Beyerle y J. Meurer, así como el exdirector de ventas, W. Mackrodt.

“El proceso criminal contra Heckler & Koch es un éxito inmenso para los movimientos de paz y los derechos humanos. El efecto positivo de este proceso es que el tráfico ilegal de armas es descubierto por nosotros y sancionado por los tribunales”, aseguró Jürgen Grässlin, presidente de la Oficina de Información sobre Armamento en un comunicado de prensa.

Sin embargo, el activista juzgó la sentencia del tribunal como “un caso muy claro de dos clases de justicia: a los más pequeños se les condena y a los más grandes se les dejar ir”.

 

Alemania, débiles controles de exportación

El gobierno alemán no tiene control sobre el destino de las armas una vez que salen del país.

Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores prohíbe la venta de armas alemanas en una serie de estados y países que considera ausentes de garantías de respeto a los derechos humanos; el Ministerio de Economía, responsable de regular las exportaciones, permite la venta al exterior confiada en la “declaración de uso final” que presentan las empresas, un documento donde certifican que el comprador señalado será el receptor final de las armas, es decir, que no las redistribuirá.

Pero las declaraciones de uso final han demostrado tener varios problemas como herramienta para evitar el tráfico ilegal de armas: pueden ser manipuladas o falsificadas, obtenidas a través de corrupción y, principalmente, no garantizan que el receptor último vuelva a poner en circulación las armas recibidas.

Así sucedió con las armas exportadas por Heckler & Koch a México. El tribunal de Stuttgart resolvió que la declaración de uso final presentada por la empresa fue fraudulenta ya que contenía información incorrecta que los exempleados obtuvieron a partir de declaraciones “poco fiables” de las autoridades mexicanas sobre el destino que tendrían las armas.

De los más de 10.000 rifles de asalto tipo G-36 exportados a México en 16 envíos, casi la mitad se distribuyeron en los cuatro estados vetados.

Tan solo a Guerrero llegaron alrededor de 1.900 rifles que acabaron en corporaciones de la policía municipal de Iguala y Huitzuco, involucrados en los ataques a estudiantes normalistas ocurridos en septiembre de 2014, aseguró Sofía de Robina Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en entrevista para CNN el 26 de febrero.

En febrero de ese mismo año se comprobó que la policía comunitaria de Tixtla, Guerrero, poseía cuando menos dos fusiles G-36. En marzo de 2012, policías de Chilpancingo, capital del estado, se enfrentaron con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, a través de fotografías se pudo comprobar que portaban fusiles de la empresa, documentó la revista Proceso.

“Quedó en evidencia como los controles y la legislación alemana no son suficientemente sólidos para garantizar que armas como estas llegaran a estados como Guerrero”, aseguró de Robina Castro.

“Se dio acceso a miles de armas alemanas a fuerzas estatales señaladas por ser cooptadas por el crimen organizado y responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Jürgen Grässlin, impulsor de la demanda contra Heckler & Koch y además portavoz federal de la Asociación alemana por la paz y de Grito a la acción ¡detengan el comercio de armas!

El tribunal de Stuttgart consideró que la declaración de uso final presentada por la Heckler &Koch no formó parte de las licencias otorgadas, de acuerdo con este criterio la exportación de armas a lugares vetados como Guerrero no es punible bajo la Ley de Control de Armas de Guerra de Alemania, sino por la Ley de Comercio Exterior que los activistas juzgan de “laxa”.

“Si se mantiene esta sentencia los actuales controles a la exportación de armas de guerra y equipo militar no funcionarán. Se tiene que desarrollar e introducir una nueva ley de control de la exportación de armas que sea eficaz”, afirma el abogado Holger Rothbauer.

 

Oídos sordos en México  

“Mientras en Alemania hubo un proceso donde la empresa tuvo que rendir cuentas y finalmente fue condenada por tráfico ilícito, en México […] aunque tenemos nombres concretos de los generales que estuvieron a cargo de la compra de estas armas, que firmaron los contratos y que incluso salió el nombre […] de un general que aparentemente hubiera estado en un tema de corrupción, sabemos por solicitudes de información que no se ha iniciado ningún tipo de investigación”, informó Sofía de Robina.

Durante el proceso que se llevó en Alemania, Guillermo Aguilar, ex director de Comercialización de Armamento y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hoy retirado, fue acusado de recibir 117 mil pesos en sobornos.

El general retirado Guillermo Aguilar fue acusado por un testigo de recibir 117 mil pesos en sobornos para el tráfico ilegal de armas Heckler & Koch a México | Imagen: Miguel Dimayuga

25 dólares por cada fusil vendido a México y 20 dólares por cada arma corta según el testigo, quien asegura haberse enterado de los sobornos por el representante de Heckler & Koch en México, Markus-Joachim Ban­tle.

En México los rifles fueron adquiridos precisamente por la Sedena, única instancia autorizada para comprar y distribuir armas, a la que Heckler & Koch adjudica la responsabilidad de que fueran a parar en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.

La empresa alegó durante el juicio que las armas no debieron llegar a los cuatro estados vetados por Alemania ya que la Sedena firmó la declaración de uso final y que si eso sucedió fue por causa de esa dependencia.

 

Víctimas ignoradas

Las víctimas del tráfico ilegal de armas en México fueron ignoradas durante todo el proceso legal y durante la sentencia.

El tribunal de Stuttgart rechazó una solicitud de acceso al expediente que realizó el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos con el objetivo de que se admitieran a los familiares de Aldo Gutiérrez como demandantes civiles.

Se trata de uno de los estudiantes normalistas que resultó gravemente herido durante los ataques con los rifles G-36 en septiembre de 2014 y quien desde entonces se encuentra en coma.

“Admitir a los afectados como parte de la acusación particular habría revelado las verdaderas consecuencias de la exportación de armas a México”, asegura el activista Jürgen Grässlin.

Al menos 36 armas utilizadas por la policía de Iguala para atacar a los estudiantes normalistas en septiembre de 2014 eran fusiles G-36 producidos por Heckler & Koch. | Imagne: Cosmo RBB

Las organizaciones que representa Jürgen Grässlin solicitan que la multa de 4,2 millones de dólares impuesta a Heckler & Koch se destine a crear un fondo en beneficio de las víctimas del tráfico ilegal.

“El daño causado no puede repararse, pero se trata de reconocer la grave corresponsabilidad tanto de la empresa Heckler & Koch como de las autoridades alemanas reguladoras de estas exportaciones”, aseguran el conjunto de organizaciones, entre ellas la Coordinación alemana por los derechos humanos en México.

Los exempleados sentenciados, la empresa y la propia fiscalía presentaron ya recursos, por lo que el caso se volverá a revisar en el Supremo Tribunal de Alemania; mientras tanto la empresa asegura que ha realizado “cambios fundamentales para evitar incidentes lamentables en el futuro.”

Hasta hoy tampoco ha sido acusado ningún funcionario público ni del Ministerio de Economía, ni de Relaciones Exteriores en Alemania, ambos involucrados en la exportación de armas.


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